El asesinato del menor de solo 11 meses se registró en enero de 2013. Su madre y la pareja fueron detenidos casi 4 años después. Ahora se enfrentarán a un jurado de 12 personas que analizarán la prueba y determinarán si son responsables. La mujer podría recibir pena perpetua.
Una mujer de 24 años y un ex convicto de 30 afrontarán la próxima semana un juicio por jurados por el asesinato de un bebé de 11 meses ocurrido en el año 2013 dentro de una casa del barrio La Herradura.
El crimen del pequeño Blas Figueroa, hijo de la imputada e hijastro del hombre, se produjo en circunstancias de absoluta marginalidad, en un contexto de agresiones intrafamiliares familiares sostenidas en el tiempo y la causa del fallecimiento fue por estallidos viscerales y trauma de abdomen a raíz de violentos zamarreos.
Los hechos atribuidos a Lucas Alvarez y Daiana Telechea serán analizados por un jurado de doce civiles ante el juez del tribunal Oral Criminal 1, Facundo Gómez Urso, con el objeto de establecer si fueron responsables de los delitos de homicidio y homicidio agravado por el vínculo, respectivamente.
El 15 de enero de 2013, a las 23.30 la pareja llevó de urgencia al bebé al Hospital Materno Infantil al igual que lo había hecho tres días antes. La vida del niño era una permanente sucesión de padecimientos, algunos de ellos por el abandono al que estaba confinado y otros por el maltrato evidente. Por eso mismo el 12 de enero había ingresado al HIEMI tumefacción testicular, dolor abdominal y catarro.
Pero en la noche del 15 de enero el horror se precipitó. El bebé entró a la guardia con escasos signos vitales, un cuadro de descompensación generalizada y una sobrevida puesta en duda. De hecho, una hora más tarde los médicos confirmaron el fallecimiento y ante la presunción de maltrato se ordenó la operación de autopsia. Los forenses determinaron un trauma cerrado de abdomen, lo que le produjo un estallido en la región hepática, lesión en arteria renal y hemorragia en distintos órganos, produciéndose el fallecimiento por shock hemorrágico.
Por casi 4 años la causa no tuvo avances pero finalmente en noviembre de 2017 se ordenó la captura de la pareja, la que fue localizada por personal de la DDI local.
Alvarez era un ex convicto, con antecedentes por delitos gravísimos y al momento de la detención poseía tobillera electrónica por el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por la Justicia local. Alvarez tenía antecedentes por daño, violación de domicilio, lesiones leves y amenazas agravadas y lesiones leves agravadas, abuso sexual agravado por sometimiento sexual gravemente ultrajante, mediando concurso real entre estos dos hechos.
El fiscal Juan Pablo Lódola pudo reconstruir el escenario del crimen y el contexto. La pareja vivía en una casa de Gascón al 7900, donde Telechea se quedaba todo el día porque no tenía trabajo. Alvarez, en tanto, realizaba changas en el ámbito de la construcción. Era moneda corriente la violencia entre ellos: “Andaban a las patadas, ella me contó que en varias oportunidades él le levantó la mano”, comentó una tía de la mujer. Un tío dijo que “mientras estuvieron juntos se peleaban, iban y venían, y que cuando se peleaban “se mataban” y se golpeaban mutuamente.
La excusa
Cuando declararon, y si bien no tenían el compromiso de decir la verdad, los dos detenidos quisieron endilgarle las lesiones sufridas por el niño al padre biológico. Ambos declararon que días antes el bebé había sufrido una caída mientras circulaba en la moto con el padre.
Esa falsedad, que luego quedó establecida por distintos motivos (el padre biológico jamás tuvo motocicleta ni llevó al niño en ese tipo de vehículo), quiso ser instalada por al menos dos testigos que se presentaron ante el fiscal, uno de ellos de forma espontánea.
Además de corroborarse que eso no era cierto por inconsistencia en los testimonios, los forenses situaron en 6 horas antes de la muerte la agresión que le causó las lesiones al bebé.
Todas estas circunstancias se ventilarán durante el juicio por jurados a celebrarse los días 13 y 14 de la próxima semana y en el que, si ambos son considerados culpables, pueden recibir penas por encima que, para el padrastro, van de 8 a 25 años, y, para la mujer, hasta prisión perpetua.